El pasado 26 de junio el Pleno del Congreso de los Diputados dio luz verde a la Ley que regula la representatividad de las organizaciones profesionales agrarias y que crea el Consejo Asesor Agrario. Con toda probabilidad, la iniciativa fuera votada, por su propio mentor, el ex ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Miguel Arias Cañete, quien ahora (a la espera de ser europarlamentario) es diputado «raso» en el Congreso de España.
El proyecto liderado por el Magrama, tras su paso por las Cortes Españolas (Congreso y Senado), presenta algún apunte importante, como la disposición adicional quinta que establece que «La primera consulta se convocará en el plazo de dieciocho meses desde la entrada en vigor de la presente Ley». Es decir, si la ley entra en vigor a mediados de julio, las primeras elecciones agrarias de nuestro país se tienen que celebrar en enero de 2016, justo después de los próximos comicios nacionales.
Por esta razón de tiempos electorales y alguna otra cuestión más, el periodista agroalimentario de El País, Vidal Maté, tituló hace más de un mes que «Tejerina se plantea postergar la convocatoria de las elecciones agrarias». Con toda seguridad las fuentes de las que manan este artículo son ciertas y están contrastadas, pero, personalmente, me llamó la atención el giro que asegura que ha dado la ministra, quien, cuando era secretaria general me demostró que estaba tan convencida como quien después fue su mentor, Arias Cañete, en que estos comicios son muy necesarios.
Seguramente, este artículo de Maté dio aire a muchos e inquietó considerablemente a otros menos, sobre todo a los de la Unión de Uniones, quienes el 18 de junio, tras la reunión que mantuvieron con Isabel García Tejerina emitieron una nota de prensa titulada: «La ministra se compromete con la Unión de Uniones de Agricultores y Ganaderos a convocar elecciones agrarias en menos de 18 meses».
Y es que, como sabemos quienes conocemos algo este asunto, ésta es la organización profesional agraria que más tiene que ganar y menos que perder en estos primeros comicios, puesto que actualmente está fuera de las mesas de negociación y del actual Comité Asesor Agrario sin ninguna posibilidad de acceder a ellos a no ser que se cambiara la ley.
La nueva normativa —con la que precisamente se derogará la Ley 10/2009, de Elena Espinosa de creación de órganos consultivos del Estado en el ámbito agroalimentario y de determinación de las bases de representación de las organizaciones profesionales agrarias— apenas convence a nadie. Ni a UPA (que ha apuntado que estudiará un recurso contra la Ley ante el Tribunal Constitucional o los tribunales europeos); ni a COAG, quien ya demostró su descontento; ni a ASAJA, cuya organización nacional no hace declaraciones y deja que sean destacados líderes autonómicos los que muestren su malestar con la nueva norma.
¿Cuándo se celebrarán lo que algunos llaman las «primeras elecciones libres» al campo? ¿Tras las autonómicas de la primavera que viene o después de las nacionales, aún con riesgo de tener un Gobierno de otro color en Moncloa?
Pero esta no es la única duda que me plantea la nueva Ley, por lo que este artículo se merece una segunda parte.
Muy buenas, Elisa,
algunos interrogantes me surgen, que quizá podrías aclarar en la segunda parte de tu artículo. ¿Quiénes tendrán derecho a participar en dichas elecciones: cualquier agricultor o solo los que estén asociados en alguna de las organizaciones agrarias? ¿Cuál es la labor de dicho Consejo Asesor Agrario? ¿Asesorar a los políticos cuando tengan que legislar o ejecutar asuntos directamente relacionados con el campo? ¿O hay más?
un cordial saludo, José Antonio Arcos
Hola José Antonio: la propia ley deja claro quién podrá participar en las elecciones (puedes acceder a ella pinchando en el enlace que la nombra en el artículo). No obstante, a los procesos electorales están convocados todos los agricultores, tanto los que están afiliados a las organizaciones profesionales agrarias como los que no.
La labor del Consejo Asesor Agrario también está definida en la propia ley y, como puedes esperar, es meramente consultiva y nada condicionante. De ahí que, dado el momento económico y la labor de este órgano, personalmente tenga mis dudas sobre si este proceso tiene que desarrollarse en estos difíciles momentos…
Pese a todo, siempre será bueno saber quién es quién en este país, ¿no?
José Antonio, muchas gracias por tus palabras. A ver si encuentro tiempo para dedicarle otras tantas a tu magnífico trabajo!!
Ya te dije en algunos comentarios anteriores que me parece un disparate zarandear al sector agrario con elecciones. El tema de la representatividad de Unión de Uniones se puede resolver con los criterios de la Ley Espinosa sin necesidad de convocar procesos electorales en el campo español. Pensaba que la nueva ministra haría todo lo posible por que se retirara el proyecto de ley, pero no ha sido así.
Hola Eduardo. Pues sí, seguro que se zarandea a las organizaciones agrarias que, de por sí, ya están bastantes mermadas en estos tiempos de recortes económicos. Como tú, considero que no es el momento más adecuado para unas elecciones agrarias.
No obstante, si se llegan a celebrar, será bueno saber quién es quién y conocer la verdadera representatividad de cada una. De cualquier forma, pienso que sería más positivo para la propia Administración ser más constructivo y diseñar junto con las organizaciones una hoja de ruta sobre su futuro en este país, ¿no crees? Nuevos papeles, funciones… en definitiva, adaptación a los nuevos tiempos del siglo XXI.
Un abrazo y muchas gracias por tu tiempo. Que lo inviertas en Lacriba.net es siempre un gran honor.